Por Jorge Ignacio Sánchez
nachosanchezo@gmail.com
El sábado 2 de febrero en la red Twitter corrió el reclamo
de la esposa y varios
amigos del periodista Wilmar Vera. Preguntábamos por su
paradero. Lo que
se sabía era que el Instituto Nacional Penitenciario, INPEC,
lo había sacado
a las tres de la mañana de la cárcel San Bernardo, en
Armenia, sin avisarle a la familia. Aunque la entidad no está obligada a
anunciar estos movimientos, los hechos que
han rodeado la detención de Vera han puesto en alerta a su
esposa, Ángela David. A
su abogado. A sus amigos.
Desde el 6 de junio de 2012, cuando fue sacado de su oficina
de profesor de la
Universidad de La Salle en Caldas, Antioquia, se tendió una
sombra de dudas sobre el
profesor.
Un avión de la Policía viajó desde el eje cafetero para
trasladarlo de inmediato a
la ciudad de Pereira. La razón: la Fiscalía General de la
Nación lo señala como autor
intelectual o determinador del asesinato de Alexánder
Morales Ortiz, un precandidato
al Concejo de Pereira, que fue su alumno y amigo, con quien
tenía negocios particulares
y a quien, según Ángela, Wilmar admiraba.
En tres audiencias, la Fiscalía le imputó cargos y un juez
de garantías lo privó de la
libertad. Hoy, privado de su libertad, asegura ser inocente.
Lo reafirma en manuscritos.
Lo repite hasta el cansancio en llamadas telefónicas. Lo
publica en su blog. Ante el juez
y ante quien le pregunte, niega ser el determinador, en
contravía de lo que afirma el
Coronel Gonzalo Londoño,
Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, quien
en declaraciones a la prensa aseguró que “el móvil
definitivamente fue económico. Él
había entregado un dinero, había invertido en una mina y,
ante el incumplimiento reiterado del señor excandidato Alexánder Morales, pues
fue lo que ocasionó que él ubicara
a unos sicarios para causarle la muerte”.
Esta es, en síntesis, la acusación de la Fiscalía contra
Vera Zapata. Se basa en el
testimonio de Carlos Andrés Velásquez Villada, el sicario
capturado y sindicado por el
crimen. Testimonio entregado un año después de ocurrido el
crimen.
La audiencia para su defensa, prevista para el 7 de
diciembre pasado, se canceló sin
explicaciones muy claras. Se programó para el primero de
febrero de 2013. La última
fiscal asignada tramitó un nuevo aplazamiento ante el
Juzgado Quinto Penal de Pereira
y ante el abogado de Vera. La petición fue rechazada. El día
de la audiencia, a las cuatro de la mañana, pocas horas antes de la cita, la
fiscal se hospitalizó de urgencia. Sin
ella, la audiencia se postergó nuevamente para el 4 de
febrero. A la fecha, son cinco los
fiscales que han asumido el caso. Tres se han enfermado
súbitamente.
Comparto con Ángela, la esposa de Wilmar, varias de las
preguntas sobre la acusación que pesa contra el periodista:
¿Qué explica la alta rotación de fiscales en este caso?
¿Quiénes son los testigos de la Fiscalía? ¿Estamos ante otro
caso en el que, para
mostrar efectividad, la Fiscalía construye los testimonios a
la sombra de negociaciones
con delincuentes reconocidos?
Según la Fiscalía, Jílder Antonio Aricapa Motato, apodado
‘El Indio’, era el intermediario de Vera con los autores materiales. Pero
habría celebrado reuniones en
sitios públicos con todo el grupo para entregar el dinero, a
los ojos del sicario. Esa es
la empresa criminal que Wilmar montó, según la Fiscalía.
Entonces, ¿para qué un
intermediario?
¿Por qué, solamente un año después de los hechos, el sicario
dice haberse reunido
con Wilmar y, supuestamente, ver la entrega del dinero al
encargado de coordinar el
asesinato? Es muy curioso el argumento de la Fiscalía, según
la cual, el sicario preguntó
al intermediario quién pagaba el trabajo, porque “él no
trabajaba sin tener la plata por
delante”. Esa “regla” habría justificado la famosa reunión
en la que el intermediario,
para tranquilizar al gatillero, le dijo que el contratante
se llamaba Wilmar Vera. Ridículo.
¿Puede existir algún interés en señalar un culpable y
ocultar a los verdaderos responsables? Las actuaciones jurídicas durante el
proceso generan muchas inquietudes.
En la red Twitter circulan llamados a la justicia y la
solidaridad rodea a Wilmar y a
su familia. Sus alumnos, compañeros y amigos de la
Universidad acompañan a su esposa
y a su hija de nueve años, para quien tampoco tiene sentido lo que ocurre con su padre.
Aunque la privación de su libertad no se relaciona con el
ejercicio periodístico,
algunos periodistas han tomado el caso como un emblema. Y
para mí, que lo conozco
y confío en él, es difícil dejar pasar la ocasión sin exigir
a la Fiscalía seriedad en sus
acusaciones; al Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC,
seguridad para él (en dos
ocasiones lo han encerrado en la cárcel con el sicario,
quien lo amenaza de muerte);
y, finalmente, a los amigos, solidaridad y respaldo al
colega que, tal vez, es otro chivo
expiatorio de una justicia amañada y selectiva.
