Un año después, el periodista escribe una versión más reposada. Ya que no da suficientes créditos a la prensa, debo escribir aquí que a Wilmar lo salvaron sus amigas y amigos de la Universidad de Antioquia, de la facultad de comunicaciones y otros colegas periodistas de Pereira y Bogotá. Si no hubiera sido por el escándalo mediático, Wilmar se estuviera pudriendo en la cárcel, como lo están miles de colombianos en este momento:
Por Wilmar Vera Zapata
A las 4:40 de la tarde del primero de octubre de 2014, luego de 27 meses y 24 días, a mis 42 años y 11 meses, crucé la reja azul de la cárcel San Bernardo, en Armenia, la misma que la tarde sabatina del 9 de junio de 2012 me dio la triste bienvenida a la temporada más dura de mi vida. Una etapa que, sin ser metafórico, fue lo más cercano a estar muerto. Veinticuatro horas antes, el juez 5 Penal de Pereira, Carlos Andrés Pérez, tras escuchar que la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de las víctimas solicitaban en mi contra 40 años de cárcel, acusado de ser el presunto autor intelectual de la muerte de Alexander Morales, me declaró inocente junto a otras dos personas. Nos absolvió y ordenó mi libertad inmediata. ¿Cómo llegó un periodista y docente universitario a ser inculpado de un crimen que no cometió? Esta es la historia de uno de tantos falsos positivos judiciales que se presentan en Colombia y de cómo ese episodio me dejó varias enseñanzas sobre la vida, la familia, la amistad y la esperanza de que, al final, la injusticia no triunfará. El negocio Alexánder Morales fue un joven con un deseo de progresar inatajable. Desde que lo conocí, en 2002, se generó entre nosotros –así como con otros alumnos y futuros colegas– una empatía muy común entre docentes y estudiantes de Comunicación y Periodismo. Aunque no terminó sus estudios en la Universidad Católica Popular de Risaralda (hoy Universidad Católica de Pereira), nos mantuvimos en contacto, él en Bogotá, donde culminó su carrera, y yo en Pereira, donde continuaba mi labor como docente. A mediados de 2008 se puso en contacto conmigo y me ofreció participar en un negocio del que se enteró mientras trabajaba en una oficina de comunicaciones del Senado de la República. Allí conoció a algunos contratistas que, con una inversión de $100 millones, adquirían derechos para la explotación de carbón en La Guajira. Para mí era imposible conseguir esa cifra por mi sueldo de docente universitario y las deudas que había adquirido, pero Morales me aseguró que era posible ingresar al negocio con la mitad del dinero y que el resto podría pagarlo una vez empezara el contrato. Esa cifra la recogí con la venta de un carro –apenas lo estaba pagando– y endeudándome con tarjetas de crédito y un préstamo de libre inversión. Además, mi hermano también vendió su carro y, con la suma de pequeños montos, reunimos el dinero. “No se preocupe que hasta nosotros vamos a invertir. Yo revisé los papeles y está todo en orden”, me dijo el padre de Alexánder, Gerardo Morales, una tarde que me lo encontré en una calle del centro de Pereira, cuando le pregunté sobre las perspectivas de éxito de la propuesta. Para ese momento aún estaba indeciso. Además, como prueba de seriedad, Alexánder me dijo que, si el negocio no se concretaba, con los comprobantes de los pagos me devolverían la plata. Confiado, aunque con algo de inquietud, decidí darle el dinero. Ese fue el comienzo de nuestra pesadilla. Pasaron los meses y para 2010 seguía esperando el inicio del negocio. Pese a una reunión entre los socios, que se celebró en febrero de ese año, supuestamente con la idea de anunciar el inicio de la explotación, pocos meses después y a raíz de mi insistencia me notificaron que me sacarían del grupo de inversionistas. En ese momento también me enteré de que Alexánder sólo había entregado una fracción del dinero a la fiducia. Él mismo me explicó que eso era cierto, que casi la mitad de mis $50 millones se los había entregado a un hombre del que no tenía noticias. “Pero tranquilo que yo me comprometí a pagarte, vos tenés esos recibos y yo cumpliré mi palabra”, dijo en ese momento. Resignado, no me quedó otro camino que aceptar su fórmula: me contó que se lanzaría al Concejo de Pereira y que, una vez fuera elegido, me asignaría algunos contratos como asesor hasta cubrir la deuda. Sin otra perspectiva visible, acepté. En 2011 empecé a trabajar como docente en la Corporación Universitaria Lasallista (CUL). De esa forma se materializó mi deseo de regresar con mi familia a Medellín. Pero el sábado 19 de marzo abrí mi Facebook y me enteré de que Morales había sido asesinado el día anterior. Desconcertado, atiné a llamar a su papá. -¿Es verdad, don Gerardo?, ¿Álex murió? -Ay, Wilmar, sí, me mataron el muchacho y ustedes que no pudieron hablar. -¿Pero cómo así? ¿Por qué? -No sé, no sabemos nada… Nunca imaginé que esa comunicación la usaría él como prueba de que yo había sido el autor intelectual de la muerte de su hijo. El mismo día del homicidio, el asesino, Carlos Andrés Velásquez Villada, tras una persecución por el centro de Pereira, fue detenido cerca de Dosquebradas. En su intento por huir, ofreció $100 millones a la policía para que lo dejara libre, pero lo capturaron y lo enviaron a la cárcel. Durante su primer año preso, Velásquez negoció con la Fiscalía un principio de acuerdo que no fue aceptado por un juez. También durante esos primeros meses fui llamado por la Defensoría del Pueblo en la capital risaraldense porque su investigador se encontraba indagando sobre el caso entre las personas que tuvieron algo que ver con Álex. Yo me presenté, conté lo que sabía y dejé mis datos (teléfonos, dirección y lugar de trabajo) por si necesitaban algo más. 
Estaba tranquilo, los meses pasaron y no fui interrogado o llamado a indagatoria. Me olvidé del caso y del dinero. Solo lamenté haber perdido a un amigo. Pero el cerco, poco a poco, me encerraba. El 7 de junio de 2012, luego de ver las exposiciones de varios alumnos y cuando me preparaba para calificar unos exámenes finales, fui llamado a la Rectoría. En su oficina, J. Eduardo Murillo Bocanegra, el rector de la CUL, me dijo que los sujetos que lo acompañaban necesitaban hablar conmigo. -¿Wilmar Albeiro Vera Zapata? -Sí… -Venimos de la Sijín, queda usted detenido por el asesinato de Alexánder Morales. Incrédulo y sin comprender la magnitud de esas palabras, me desplomé sobre una silla y dije con la voz más serena que pude articular: “soy inocente, doctor, esto debe ser un error…”. El cerco de la injusticia ya se había cerrado sobre mí.
28 meses de pesadilla y dolor
Durante el cautiverio, nunca dejé de exclamar ante las cámaras y los medios que cubrían el “caso Colmenares de Pereira” la misma frase, que se convirtió en mi caballito de batalla: “Soy inocente. Esto es un falso positivo judicial”. Al principio, la vida en la cárcel implicó adaptarme a un mundo agreste y violento donde, si no se es duro en el alma y el cuerpo, esa condición se adquiere a punta de golpes y maltrato. El juez de control de garantías ordenó mi reclusión en Armenia. Llegué a esa cárcel el 9 de junio, a las 5:00 p.m., a la celda 7 del patio 1. Era un lugar de tres por dos metros, diseñado para cuatro personas, y yo fui el octavo. En un espacio de 150 metros de largo y 10 de ancho mal vivíamos 180 personas: asesinos a sueldo, violadores, guerrilleros, desfalcadores, mulas del narcotráfico, vendedores de drogas, raponeros de cuchillo y, entre todos, el que parecía ser el más peligroso para la Fiscalía 22 y la procuraduría en Pereira: yo, un periodista, profesor universitario y magíster en Historia. Durante ese tiempo aprendí a sortear las precariedades del encierro: las personas que “piden” lo que se compra en el caspete, el minuto celular más caro del país ($5.000 por 15 minutos), los cigarrillos que se vuelven moneda común y cuestan 25 o 50% más. Y es que el más pequeño servicio se convierte en un verdadero lujo. Por ejemplo, ingresar un radio con sus audífonos podía costar $30.000, más que el mismo aparato. Unas galletas dulces, un frasco de mermelada o hasta una caja de mantequilla son opulentos objetos que unos cuantos afortunados –y bien contactados– disfrutaban mensualmente. También aprendí qué son las “rascadas”, los operativos en que la guardia busca la droga o los celulares que ellos mismos ayudan a ingresar al penal. Se sabe que hay operativo porque llegan los guardianes con Garrets (máquinas detectoras de metales), perros antinarcóticos, lanza gases y cachiporras. En calzoncillos, y con la ropa en la mano, uno a uno es revisado en una fila de andrajosos y humillados. Cuando terminan, la tropa ingresa al patio requisado, a veces con saña, en procura de algo prohibido. Pero esa es la primera fase. Luego, un representante de cada celda debe ir con dos guardias y ser testigo de cómo colchones, ropa, utensilios de aseo, alimentos y libros son revisados y arrojados al piso. Si hay suerte y las caletas pasan, no es más que un caos que en pocas horas se instalará con la rutina de la normalidad. Por el contrario, si la guardia logra pillarlas, además de que se ganan un día de descanso, dejan un informe en el que se endosan los implementos prohibidos. Si les va bien, a los responsables los cambian de patio, les abren un nuevo proceso judicial y eventualmente son trasladados de cárcel. Y el caso… Los primeros meses pensaba que era víctima de un error judicial, que en cualquier momento la Fiscalía aceptaría su yerro y me dejaría libre. Sin embargo, cuando leí el proceso (cerca de 300 hojas, de las cuales sobre mí no eran más de 50) comprendí que había algo extraño, una sombra de corrupción se levantaba entre esos folios. Cuando coincidí con el sicario en la celda de recepción de Pereira, seis meses después, comprobé que se trataba de un montaje judicial. Delante de otros 18 presos, confesó que las autoridades le habían ofrecido borrarle 11 muertos de su prontuario delictivo a cambio de achacarme la autoría del homicidio de Alexánder. Para los investigadores, su testimonio era una prueba suficiente para incriminar a tres supuestos cómplices que no nos conocíamos.
Valió más la declaración de un sujeto que no tenía nada que perder. -¿Usted qué les hizo para que lo odien tanto?, me dijo el asesino. -¿Cómo así? -Sí, ¿qué le hizo a esa familia para que lo odien tanto? Hasta hoy esa respuesta sigue ausente. Desde entonces el tiempo no llevaba a ninguna parte. Las audiencias eran canceladas casi todas por la Fiscalía y en ocasiones por los abogados defensores. Los paros judiciales y las temporadas de vacancia judicial se convertían en verdugos contra mí y mi familia. Por fin, en 2014, el juez Carlos Andrés Pérez dijo que no deseaba que se alargara más el caso y que era necesario definir la situación de los detenidos. Para entonces el proceso había tenido nueve fiscales, algunos de ellos se enfermaron en cuanto los nombraron o cancelaron sin explicaciones antes de las audiencias. Las mayores demoras ocurrieron a finales de 2013, porque el sicario había decidido no seguir colaborando con la justicia; decía que lo habían engañado. No obstante y pese a múltiples intentos de alargar y aplazar, durante las audiencias se lograron evidenciar numerosas irregularidades: Dos de los acusados no fuimos individualizados ni identificados adecuadamente, existía una relación evidente entre el procurador inicial del caso, el abogado del asesino y el padre de la víctima –los tres eran masones integrantes de una logia de Pereira–. El asesino, pese a que no conocía Pereira, identificó barrios, rutas de buses, nombres de avenidas y detalles mínimos. La teoría del caso sostenía que yo había ofrecido $15 millones por el homicidio aun cuando, según el juez en su sentido de fallo, nadie ofrece tanto dinero por un crimen contra una persona de a pie y menos aún se presenta con el homicida antes de ejecutar el crimen Además, el confeso asesino habló de un tal Wilmar Vera, cuarentón, que medía menos de 1.60, obeso, con “camisa y pantalón de señor” y que para evitar ser identificado usaba una gorra. Mido 1.76, pesaba en ese entonces entre 64 y 65 kilos, me visto informal con jean y camisa manga corta y desde los 25 años tengo bigote, negro, tupido, evidente. ¿Con quién se reunió el asesino? La fecha de esa supuesta cita fue cambiada por la Fiscalía en tres ocasiones. La familia en los primeros meses del homicidio habló de varias personas, pero tras la declaración del asesino, el único sospechoso para ellos era yo. Entre las pruebas que la Fiscalía no descubrió en el juicio estaba un informe de peritos forenses sobre el celular de la víctima. El reporte decía que el teléfono analizado no correspondía con el señalado en la cadena de custodia, por lo que hubo un “cambiazo” que las autoridades encargadas de investigar ocultaron a conveniencia. Por otra parte, según reconoció en una audiencia una procuradora, funcionarios de la Fiscalía la amenazaron para que no revelara un video que denotaba las irregularidades. Como resultado, fue recusada. También trascendió que agentes de la Sijín visitaron en 2014 a varios testigos de la defensa y trataron de que cambiaran sus declaraciones. Finalmente, en un video tomado por el procurador el 14 de febrero de 2012 se pudo ver cómo el asesino sacó un papel de su bolsillo y, sin saber que la grabación continuaba, recibía indicaciones de los investigadores para que se mantuviera en lo dicho mientras un sujeto señalaba el papel con insistencia. La absolución El 30 de septiembre de 2014 sería el definitivo, pues se sabría si me condenaban o me absolvían. La Fiscalía afirmó que ese era “el juicio de las promesas incumplidas” y, francamente, pensé que hacían alusión a su propio trabajo. Sin embargo, fue un caudal de reproches que se centraron en desvirtuar la declaración de mis testigos sin sustentar su propia teoría del caso. El acusador se limitó a alabar a su testigo, el confeso asesino Velásquez, y aseguró que era “digno de total credibilidad”. Que si hubo incongruencias en su declaración fueron normales en el proceso probatorio. La Procuraduría no se quedó atrás y planteó que era factible salir a las 6:30 p.m. de Caldas, Antioquia, y en dos horas estar en Pereira organizando un homicidio. Ni a Kafka se le hubieran ocurrido esas conclusiones. La defensa, por su parte, hizo también un recuento demostrando que nunca estuve en Pereira, que las contradicciones y testimonios amañados restaban credibilidad al único testigo que me acusaba, que hubo ocultamiento y manipulación indebida de información. Que se coartaron testigos y que no había pruebas de mi supuesta participación en el homicidio porque, simplemente, nunca ocurrió lo narrado por la contraparte y su testigo dispuesto a mentir por un buen principio de oportunidad. El juez empezó a leer su sentido del fallo y solicitó a los custodios controlar la reacción de los asistentes en la sala de audiencias: “Los investigadores de la Fiscalía no corroboraron que efectivamente Carlos Andrés Velásquez Villada, según sus dichos, se hubiera reunido con los dos acusados para concretar los términos del crimen (…) En otras palabras, sólo existe el testimonio de Velásquez Villada (…) En todo caso, los dos indicios mencionados son contingentes. Las reglas de experiencia enseñan que aún con razones para matar muchas personas reflexionan y acuden a los medios legítimos de solución de conflictos. (…) Claro es que si a cambio de delatar la Fiscalía ofrecía el nada despreciable regalo de la inmunidad total en el delito de homicidio, para una persona que ha dedicado su vida a matar, construir una historia falaz era muy fácil”.
Nuevo inicio ¿Qué sentí en ese momento? Siempre me hacen esa pregunta y la respuesta es simple, a pesar de la gravedad del momento: nada. Sabía que era inocente, que iba a salir absuelto, que el juez era una persona justa y que nada de lo dicho por la Fiscalía, la nueva procuradora, la familia y el asesino era cierto. Por eso, cuando Pérez me absolvió, el único que no brincaba de la dicha era yo. Mi madre, mi esposa y mis compañeros de trabajo lloraban de la felicidad. El ruido hizo que las personas en el Palacio de Justicia salieran a los pasillos a ver qué pasaba, la sensación de que se había hecho justicia por fin se concretaba. La fiscal salió llorando de la sala de audiencias. Han pasado más de 365 días y cada uno es un triunfo de la justicia. La contraparte apeló la decisión por lo que el proceso sigue, ahora un magistrado en Pereira tiene en sus manos la decisión de declararme nuevamente absuelto o mandarme a la cárcel. Como hombre que volvió de la muerte gozo más con mi familia y mis amigos. Caminar en la noche, dormir en una cama, ver el cielo en un atardecer o pasear bajo la lluvia son pequeños lujos de gran significado. La cárcel es el peor lugar en que puede estar una persona, máxime si es inocente y si es por irregularidades judiciales, es la sociedad la que pierde. Fui señalado por los medios en Medellín y Pereira como un profesor asesino. Fue la feria de la versión oficial. Sólo hasta que un grupo de colegas defendió mi inocencia para que mi caso no fuera olvidado, mucha gente empezó a pensar diferente. Algunos de ellos serían, más tarde, determinantes para esclarecer la verdad. Volví a la docencia universitaria como catedrático, junto a mi familia capeamos las consecuencias económicas, psicológicas y médicas que esta experiencia nos dejó. Cada amanecer, cuando abro los ojos, agradezco a Dios porque estoy un día más disfrutando de la libertad, la libertad que sólo los inocentes podemos proclamar.
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Alberto Donadio